La corrupción política y el caso de los ERE de Andalucía

2019/11/21

La corrupción política y el caso de los ERE de Andalucía

El pasado día 19 se hizo pública la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el escándalo conocido como caso de los ERE, por el que el gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía desvió 680 millones de Euros de fondos públicos sin ningún control, condenando a 19 altos cargos a diversas penas de inhabilitación, y en algunos casos acompañadas de prisión. Se repartieron 680 millones de euros en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para empresas en crisis, sin ningún control y de forma arbitraria, orientado a conseguir para el PSOE un clientelismo político injusto y discriminatorio en perjuicio de los demás partidos que concurrían a las elecciones. El escándalo llega al punto de incluir entre los trabajadores beneficiados con la prejubilación a personas que nunca pertenecieron a las empresas favorecidas. Todo ello era gestionado por la Consejería de Empleo, que "estableció un cambio en el mecanismo de pago que posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran (las ayudas) prescindiendo total y absolutamente del procedimiento de control legalmente establecido". Igualmente hay que decir que esta sentencia es solo una pieza de las más de 180 de que consta el procedimiento, por lo que seguirán apareciendo otras irregularidades y fraudes en sentencias sucesivas.

Para leer el artículo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.

No voy a entrar en el análisis de los hechos, sobradamente recogido en la prensa diaria, sino analizar las reacciones que la condena ha producido y su trascendencia política. Para empezar, hay que señalar que la prensa progre no ha tenido más remedio que publicar la noticia, aunque algunos seguro que lo han hecho con gran pesar por el escueto tratamiento que le han dado, y la rápida sustitución del protagonismo del caso por otras noticias para tapar lo antes posible el monumental escándalo. El tratamiento dado a las reacciones producidas en la clase política y opinadores, por los hechos indicados, también han sido objeto de matices, con amplia cobertura a los que relativizan los hechos y la imprescindible atención a quienes los ponen en sus justos términos de gravedad.

El argumento del PSOE es que los condenados no se han llevado nada a su bolsillo, lo cual no es cierto en absoluto. Se puede coger el dinero directamente de la caja o te lo pueden dar indirectamente mediante regalos, u otro tipo de compensaciones de aquellos a quienes se ha favorecido, en el presente o en el futuro, directamente o a familiares, a través de multitud de procedimientos opacos. En eso consisten los contactos que tejen los políticos y que rentabilizan cuando dejan de vivir de los presupuestos públicos. ¿Qué son si no las famosas puertas giratorias?. Por otra parte han cobrado unos sueldos de privilegio durante años por los puestos políticos que han ocupado, que supuestamente eran para gestionar eficazmente y defender los intereses de los ciudadanos, pero en cambio los han estafado escandalosamente. Si el clientelismo que tejieron no hubiera existido, previsiblemente tampoco hubieran tenido acceso a dichos puestos porque no hubieran sido elegidos.

La falacia de decir que como no se han llevado nada a su bolsillo esta corrupción es menos grave que otras, es simple y llanamente llamar tontos a los ciudadanos. ¿Cómo trataríamos al gerente de una empresa que comprara mercancías a un precio más alto que lo que fija el mercado, o de peor calidad, en beneficio de los proveedores y perjuicio de la empresa? Pues simplemente de "administración desleal", un delito merecedor de prisión. ¿Cómo pensar que se puede justificar cualquier decisión arbitraria, en perjuicio de la hacienda pública, la que es de todos, si no es en los regímenes dictatoriales donde los controles están supeditados al aparato que gobierna el país o con carencia total de control?. Imaginemos que se concedieran arbitrariamente incapacidades permanentes, con su correspondiente pensión vitalicia, a amigos, o se concedieran ayudas y ventajas fiscales empresariales a allegados, con ausencia total de criterios objetivos. Esa situación sería simple y llanamente el más claro ejemplo de autoritarismo totalitario, puro robo ajeno a cualquier sistema mínimamente democrático. Ahora entendemos el criterio de la vicepresidenta Carmen Calvo, cuya cita pasará a los anales de la historia, de que "el dinero público no es de nadie". Nuevamente el País, la SER y la Sexta, entre otros, empiezan a matizar relativizando la gravedad de los hechos. Para la izquierda todo lo que ellos hagan está justificado, porque dicen que lo hacen "por la gente", mejor habría que decir, para su "gente allegada", es decir, en beneficio propio.

La publicación de la sentencia se retrasó intencionadamente para que no influyera en el resultado electoral, ya que claramente perjudicaba al PSOE, precaución que no fue tomada, sino todo lo contrario, cuando afectó al PP. ¡Y luego dicen que los jueces son imparciales y que la judicatura no está politizada!. El fanatismo alcanza cuotas tan altas, que alentado por la prensa progre afín, consigue, por increíble que parezca, que los más graves comportamientos realizados por la izquierda lleguen a ser asumidos como justificables. Realmente tenemos los políticos que nos merecemos.