La quiebra de la justicia en España

2019/12/20

La quiebra de la justicia en España

La justicia en España presenta un estado calamitoso, consecuencia de un largo proceso de ineficiencia, incompetencia y alto corporativismo. Por mi actividad profesional he podido conocer un amplio número de procedimientos judiciales, casi en su totalidad de naturaleza mercantil. He visto sentencias arbitrarias, pruebas periciales que no se tomaban en consideración sin justificación alguna, o lo que es peor, solo se tenían en cuenta las presentadas por una de las partes, sospechosamente las aportadas por determinados abogados con buenas relaciones con ciertos jueces. También he visto procedimientos de jurisdicción laboral, donde antes del juicio ya se podía saber el resultado de la sentencia según el juzgado que los tramitara.

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Con esos antecedentes, no me sorprenden las noticias que de vez en cuando aparecen en los medios de comunicación con sentencias estrambóticas. En los últimos tiempos hemos asistido a claros ejemplos de parcialidad, falta de independencia judicial y mediatización de las sentencias por la presión de la opinión pública, previamente manipulada por determinadas ideologías con amplia cobertura televisiva.

La sentencia, que una vez más, me ha movido a reflexionar sobre uno de los graves problemas de la democracia española, ha sido el caso conocido como “Arandina”. Y es un grave problema democrático por afectar a uno de los tres poderes de todo Estado de derecho, como es la justicia. Me fatiga tanto la demagogia feminista que no he prestado atención a este caso hasta el momento de conocer la sentencia, en la que se ha condenado a tres jugadores del equipo de fútbol de Aranda de Duero a 38 años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual, además de fijar una indemnización de 50.000 Euros a pagar a la “víctima”.

Lo que me subleva es que, hace aproximadamente un mes, se condenó a cinco años de prisión al antisistema Rodrigo Lanza, por haber matado cobardemente por la espalda a Víctor Laínez, mucho mayor que él, habiendo pateado con ensañamiento su cabeza una vez en el suelo hasta el punto de quedar la cara irreconocible. Para más inri, años atrás el asesino había dejado tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona como consecuencia de una pedrada en la cabeza, en una acción desalojo de una finca okupada. El conocido y dramático caso de José Bretón, que mató y quemó a dos hijos para vengarse de su mujer, se saldó con una condena de 25 años

Es evidente que algo no cuadra. Cinco años por asesinar a una persona mayor por llevar unos tirantes con la bandera de España, pero treinta y ocho años por la denuncia de una “niña” de 16 años, que acosaba a uno de los condenados, y que en el juicio se reconoce que pudo haber consentido, y donde además existen grabaciones de la “víctima” en las que amenaza con “inventarse” una historia contra los jugadores.

La degradación moral existente, donde el sexo es una práctica corriente entre una parte importante de los adolescentes, combinado en ocasiones con alcohol y drogas, nos obliga a conocer el entorno de los participantes para poder juzgar adecuadamente, y con sentido común, estas situaciones delictivas. En una época donde se justifica cualquier práctica sexual, siempre que sea consentida por las partes, no nos puede extrañar que ciertos jóvenes experimenten orgías con prácticas sexuales de lo más diverso. Estas “niñas” y “niños” no son angelitos cándidos que viven dedicados a la oración, sino en muchos casos auténticos depravados, con una carencia total de valores morales. Estas “niñas” han asumido el peligroso mensaje feminista radical de que su palabra no va a ser cuestionada, arma de extrema peligrosidad en manos de personas inmaduras y sin valores éticos. La palabra de una “niña” despechada puede arruinar la vida de un hombre, amparada por el movimiento feminista, y bendecido por una judicatura cobarde y complaciente con una determinada ideología.

No quiero decir, que en este caso y en otros como el de la manada de Pamplona, los hombres implicados sean unos angelitos. Estoy convencido de que también son unos degenerados, con exceso de testosterona y escasez de neuronas, y que merecen un castigo de la sociedad, pero proporcional a la gravedad de sus actos.

No estamos hablando en ninguno de estos dos casos de una inocente chica que iba camino de casa después del trabajo y un degenerado la amenaza con un cuchillo, la arrincona y abusa de ella, en cuyo caso la sentencia ni siquiera hubiera merecido la atención de los medios de comunicación. Los dos casos expuestos tienen en común que la supuesta “victima” interactuó voluntariamente con los condenados, no hubo violencia en ningún caso, participó de las orgías, y sólo después, evaluando la forma de justificar su comportamiento, y conociendo la fuerza atribuida a su testimonio, posiblemente animada por alguna feminista radical, decide de forma premeditada denunciar los hechos. No quiero ni siquiera valorar ciertos informes periciales, que más que pericias parecen un alegato feminista para conseguir el fin buscado, que no es otro que otorgar credibilidad a la víctima, lejos de toda objetividad que, dada la gravedad de los hechos juzgados, debía ser exigido. Cuando un magistrado se sale del guion feminista es linchado mediáticamente, en lugar de reconocer su independencia y profesionalidad, como le ocurrió al valiente magistrado que emitió su voto particular en la sentencia de la manada de Pamplona.

La judicatura hace aguas por todas partes. Da muestras de una incompetencia escandalosa. Los miembros de la judicatura acceden a la profesión por el tradicional sistema de oposición, consistente en memorizar una serie de temas, superar un test y recitarlos como un papagayo, aunque no entiendan nada. Supongo que hoy en día todos sabemos que memoria no es lo mismo que inteligencia.

Definición general de inteligencia que publicó el Mainstream Science on Intelligence y que fue suscrita por cincuenta y dos investigadores en 1994, según consta en Wikipedia:

“Una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero aprendizaje de los libros, ni una habilidad estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas. Más bien, el concepto se refiere a la capacidad de comprender el propio entorno.”

La judicatura está llena de personas de buena memoria y poca inteligencia, con mucha prepotencia y un escaso “sentido común”, que al final es el único requisito esencial para impartir justicia. Con esos mimbres no es de extrañar el estado lamentable de la judicatura, que a nadie engañan ni impresionan con el boato de las aperturas del año judicial, con sus togas, puñetas y sus grandes collares, ni esconden su incompetencia. Unos son claramente incapaces para la profesión, otros incompetentes por su indolencia manifiesta acumulando retrasos escandalosos, y otros pusilánimes y cobardes que supeditan su posible objetividad al temor de la reacción social. A todo ello, últimamente se añaden sus actividades públicas, tanto corporativas como individuales, paseándose por las televisiones emitiendo opiniones sobre procedimientos en curso o sentencias promulgadas, en un escandaloso ejercicio de exhibicionismo mediático compartiendo plató con los tertulianos habituales. Las opiniones jurídicas de expertos en todo caso deberían estar reservadas a catedráticos y no a jueces en ejercicio. Las propias asociaciones de jueces son una clara manifestación de la politización y corporativismo que muestran sin pudor su sesgo ideológico, incompatible con su supuesta objetividad.

Finalmente, el órgano de control de la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, está copado por personas claramente incompetentes, que han llegado a esas posiciones como pago político a su complacencia con los distintos ejecutivos. Es un claro ejemplo de cementerios de elefantes, donde se premia con generosas nóminas y prebendas su nulo trabajo, a quienes nada hacen y siguen los dictados de los políticos.¿Qué hacen para sancionar las continuas filtraciones interesadas de procedimientos en curso? ¿Por qué se hace de ciertas actuaciones o detenciones un espectáculo mediático con presencia de todas las televisiones?

Mientras no se cambie el sistema de acceso a la judicatura, valorando más que la memoria la inteligencia, el sentido común y los valores éticos y morales, no hay solución posible. Si es malo que los políticos elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, no quiero ni pensar qué sería la judicatura sin ningún control parlamentario. La justicia ni es ciencia ni es exacta. Los argumentos jurídicos pueden llegar siempre al resultado que se pretenda, pero igualmente a su contrario. La diferencia es que sólo cuando se juzga con inteligencia, sentido común y valores éticos y morales, el resultado se inclina del lado del bien.

Si fuera posible, sería deseable poder fichar jueces en el entorno internacional, valorando sus aciertos, como ocurre con los árbitros deportivos y despidiendo por incompetentes a quienes no alcanzaran un mínimo de acierto y diligencia. ¿O tendremos que reconocer que en España no hay gente capaz para tan altos cometidos? Si queremos estar entre los países más desarrollados tendremos que ganarlo con trabajo y esfuerzo, ya que igual que ocurre con otros supuestos derechos no todo se consigue por un simple decreto gubernamental.